"En modo alguno reniego del instituto del “Juicio por Jurados Populares” ni del escenario de discusión generado para ir fijando conceptos procedimentales novedosos, simplemente hago notar que existe una valla constitucional infranqueable", Daniel Ruiz.

El ex Convencional Constituyente Dr. Daniel Javier Ruiz, en relación a este proyecto legislativo, expresó: “Si bien hoy el nuevo tema judicial se encuentra centrado en el proyecto legislativo sobre el “Juicio por Jurados Populares”, considero que debemos inclinarnos por una práctica más pragmática por su realismo que seguir promoviendo prácticas discursivas semánticas que diluyen y distraen la concreción funcional de instituciones procesales de suma necesidad actual (como sería la policía judicial, el juicio por flagrancia, cámaras del crimen de menores, y tantos otros institutos sancionados pero no puestos en vigencia), que no se los implementa por justificaciones de carencia presupuestaria y edilicias.

Sin perjuicio de ello es necesario hacer notar que nuestra Constitución Provincial 1957-1994 impide la actuación de jueces legos en razón de que el Art. 161 expresamente dispone que “Corresponde al Superior Tribunal de Justicia y a los tribunales letrados de la Provincia el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y leyes de la Nación y de la Provincia, y por los tratados que celebre esta última con arreglo a las mismas, siempre que aquellas o las personas se hallen sometidas a la jurisdicción provincial.”, debiendo dejarse en claro también que todas las cuestiones procesales son facultades exclusivas de nuestra provincia mientras que el Código Penal es una ley nacional, por lo que creo que la motivación del proyecto si bien cita distintas disposiciones constitucionales nacionales, no tiene en cuenta esta norma constitucional que en modo alguno puede ser obviada.

En concreto todas aquellas personas que cometan un delito dentro de nuestra provincia, salvo aquellos de jurisdicción y competencia federal, sus causas deben ser sometidas al conocimiento y decisión de tribunales letrados. Dar sanción legislativa a una ley que disponga lo contrario es violar esta norma constitucional mencionada, y además los magistrados y funcionarios estaríamos delegando funciones que tiene pena de nulidad (Art. 5 Const. Prov.) y sometiendo a los habitantes a ser juzgados por comisiones especiales, contrariando lo dispuesto por el Art. 20 Const. Prov., es decir que mientras exista esta cláusula constitucional provincial (Art. 161) no pueden funcionar en la provincia del Chaco los jurados populares, dado que no existe posibilidad de otra interpretación constitucional, ni restringida ni ampliada, puesto que la “ley dice lo que dice” (principio de máxima taxatividad interpretativa) o como lo sostiene Creus que el único límite interpretativo son los sentidos laterales posibles de las palabras de la ley.

También quiero aclarar que en modo alguno reniego del instituto del “Juicio por Jurados Populares” ni del escenario de discusión generado para ir fijando conceptos procedimentales novedosos, simplemente hago notar que existe una valla constitucional infranqueable, dado el análisis de intangibilidad de la norma –Art. 161- para su sanción legislativa. Salvado éste impedimento luego podremos opinar sobre los beneficios o perjuicios que ocasionaría el proyecto legislativo, que en mi humilde apreciación global son algunos discriminatorios y otros violatorios del principio de igualdad (Art. 8 Const. Prov.) que obliga a los legisladores a sancionar una ley que debe ser una misma para todos y tener acción y fuerza uniformes. Asimismo, sin ánimo de herir susceptibilidades, nuestra Constitución Provincial 1957-1994 establece como deberes y facultades del Superior Tribunal de Justicia proyectar ante la Cámara de Diputados leyes sobre la organización de tribunales y los códigos de procedimientos, mientras que reserva para el Gobernador la facultad y el deber de vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por la Cámara de Diputados, y no a la inversa, este debe ser el margen institucional de la República y el respeto funcional de la democracia.

Resalto que estas manifestaciones las realizo en mi calidad de ex convencional constituyente, y no en mi función de magistrado, no sólo para despejar cualquier duda sino como inclaudicable defensor de nuestra constitución provincial”.

 

Fuente: fmpanorama.com.ar

 

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Comentarios

mauro

para mi es una locura el juicio por jurado... no somos un pueblo capacitado para dicha función... mas allá de la anti-constitucionalidad posible... el ej, mas claro fue el resonante caso de ángeles, si hubiera juzgado un jurado popular el padrastro estaría en cana por perpetua... o juzgarían por sensaciones personales o portacion de rostro... déjense de joder. faltaría juzgar y ahorcar en una plaza como en la edad media... un retroceso atroz lo que esta ocurriendo. lamentable

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Don Omar

Obvio que faltaria juzgar y ahorcar en la plaza !!! y si es posible que sean 30.000 !!!

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