Representantes de las comunidades indígenas del Chaco presentaron ante el Defensor del Pueblo de nuestra provincia el pedido formal para que interceda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que “no se levante la medida cautelar que había impuesto sobre la situación de las comunidades aborígenes en El Impenetrable, hasta tanto no se dé solución definitiva al problema de alimentación, salud y agua de nuestro Pueblo. Si se levanta la medida cautelar vuelven a caer en situación de vulnerabilidad”.

El documento rubricado al término de la reunión con el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, lleva las firmas de Egidio García (Las Palmas) en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Chaco; en representación del Consejo de Participación Indígena (CPI) en los Departamentos Güemes y Maipú Mario Fernández y Lorenzo Leonardo; representando a la Asociación Mujeres Indígenas del Chaco Roxana  Temay  y  Bartolina Sisa; la agente del Ministerio de  Salud Pública de la localidad de Tres Isletas Natalia González; el dirigente de la comunidad QOM Juan Carlos Sotelo; el miembro integrante del Comité contra la Tortura Saúl Rodríguez y la presidente de la Asociación Comunitaria del Barrio Toba y diputada provincial electa Claudia González.

En el documento se manifiesta que “si bien se avanzó en los temas referidos, falta paliar la situación  en la que se encuentran inmersas las comunidades. No se aplicaron prácticas de inserción laboral y agropecuaria porque no es voluntad de nuestra Pueblo vivir de planes sociales”, destacó Mario Fernandez del CPI.

Lorenzo Leandro, representante de la misma Comisión asegura que “los programas que se aplicaron son paliativos para que las familias se puedan recuperar. Las familias no pueden alimentarse con las cajas que le dan porque algunos alimentos le hacen mal. No es justo que se levante la medida cautelar”.

Por su parte Egidio Garcia solicita que se amplíe la medida, ya que “solo está focalizada en la llamada zona judicializada del Departamento Güemes. Dicen que la situación en las comunidades está todo bien pero no es así. No estamos contra este Gobierno provincial, estamos haciendo una advertencia nomás por si cae la medida cautelar”.

La diputada provincial electa Claudia Gonzalez remarcó que “lo que aquí se dijo es la realidad que se vive en las comunidades y que también afecta a los criollos que viven en la zona. No es una cuestión Partidaria pero el Gobierno debe reconocer que el programa de salud indígena no existe. No sabemos dónde está. Por ejemplo en Fortín Belgrano no hay agua, hay problema de salud y se necesitan viviendas. No es momento de levantar la cautelar”.

Finalmente el miembro integrante del Comité contra la Tortura Saúl Rodríguez señaló que “aquí la única intención es tener el nexo de la información sobre el trabajo que está haciendo el gobernador  y que se nos convoque para trabajar y solucionar juntos los problemas. En representación de la Asociación Mujeres Indígenas del Chaco Roxana  Temay  remarcó: “exigimos salud, agua y alimentación. Hay detectados chicos con desnutrición y pido que no se siga ocultando la información y que los hospitales eleven los informes que correspondan. Conocemos la realidad porque vivimos en la zona”, concluyó.

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