El Centro de Estudios presentó un documento esta mañana ante la Defensoría del Pueblo local, pero con destino a la Defensoría nacional. La nota tiene por finalidad plantear ante la Defensoría “la formal oposición a que cese o quede sin efecto la medida cautelar dictada por la Corte Suprema el 18 de septiembre de 2007, que protege a las comunidades indígenas que viven en El Espinillo, Villa Río Bermejito, Miraflores, J.J. Castelli, parajes intermedios y parte de Pampa del Indio, que es la pretensión publicada por el gobierno del Chaco”.

A continuación se expone textualmente el documento del Centro Mandela:

SEÑOR

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

GUSTAVO CORREGIDO

SU DESPACHO.

URGENTE PLANTEO HUMANITARIO

REF.: Manifestamos nuestra frontal oposición ante el planteo del Gobierno de Chaco que pretende el CESE DE LA MEDIDA CAUTELAR dictada por la CSJNac., que protege y tutela a familias de las comunidades indígenas de Espinillo, Villa Río Bermejito, Miraflores, J. J. Castelli, parajes intermedios y parte de la población aborigen de Pampa del Indio.

Solicitamos formación de expediente y el correspondiente pronunciamiento/postura que debe adoptar este Organismo que defiende al pueblo de la Provincia del Chaco, que en  el caso refiere a las comunidades indígenas que habitan en el territorio mencionado.

El gobierno del Chaco intenta que cese o quede sin efecto la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia para proteger aproximadamente a 2300 familias que viven en Espinillo, Villa Río Bermejito, J.J. Castelli, Miraflores, parte de Pampa del Indio y los parajes rurales intermedios, todos de El Impenetrable. Así lo difundieron los medios de comunicación, poniendo la noticia en boca del Fiscal de Estado, Dr. Jorge Alcántara, y quizás ya realizaron acercamientos y gestiones la semana pasada ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La decisión política adoptada es un nuevo y grueso error de la actual gestión. La segunda embestida de Capitanich es otra gran demostración de su visión distorsionada y deshumanizada frente a las miserables condiciones de vida de las familias indígenas, que sobreviven en una realidad de máxima exclusión y pobreza extrema. Los miles de enfermos y de muertes prematuras que se producen por causas evitables o altamente evitables prueban la ceguera del gobierno chaqueño, que sigue negándose a reconocer la realidad de los hechos, mientras divulga que ha resuelto los problemas del mundo indígena, cuando ni siquiera ha solucionado la falta comida suficiente y nutritiva y la entrega de agua para consumo humano, como tampoco las profundas fallas de los sistemas de asistencia social y de salud pública, signados por una fuerte desorganización y deshumanización en sus diarios funcionamientos.

 

El primer intento fallido

 En 2011 el gobernador Capitanich realizó el primer intento para que quedara sin efecto la medida cautelar dictada el 18 de septiembre de 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que protege y tutela la salud y la vida de los pueblos indígenas que viven en El Impenetrable chaqueño. El Centro Mandela se opuso tenazmente contra la inexplicable estrategia del gobernador. El 21 de diciembre de 2011 se difundía que Capitanich pretendía que cesara la vigencia y los efectos de la medida cautelar que protege a las comunidades indígenas, argumentando que estarían satisfechas las obligaciones de Argentina y de Chaco en materia de asistencia alimentaria, provisión de agua para consumo humano, acceso y atención sanitaria de las comunidades tuteladas. Categóricamente el Centro Mandela planteó ante el Defensor del Pueblo de la Nación que la proposición del gobierno chaqueño era una estrategia disparatada puesto que continuaban intactos los factores estructurales de pobreza extrema y de máxima exclusión en la que vivían las familias indígenas protegidas por la medida cautelar que con toda justicia dictó la Corte. Se puntualizó que las familias indígenas sobrevivían por debajo de la línea de miseria, considerándose las pésimas condiciones sociales, económicas, sanitarias, educativas y ambientales en la que vivían.

 

Se había difundido por los medios de comunicación de la Provincia del Chaco que el gobierno local, con el acompañamiento de Orlando Charole, Presidente del IDACH hasta el 29 de diciembre de ese año, habían planteado que debería cesar la medida cautelar que protege a las comunidades indígenas de las zonas ya señaladas. Argumentaron, según las publicaciones, que la referida medida judicial sería innecesaria a futuro porque estarían satisfechas las obligaciones de Argentina y de Chaco en lo relacionado con la manda cautelar en materia de asistencia alimentaria, provisión de agua para consumo humano y acceso y comunicación al sistema de salud pública. Adelantamos en esa ocasión, cuando planteamos nuestra oposición, que las obligaciones de los Estados, que son de tratos continuos, permanecían parcialmente  insatisfechas en el plano estructural, como también respecto de cada familia indígena protegida.

Enfáticamente planteamos, en ese entonces (año 2011), al Defensor que no compartíamos la proposición del gobierno chaqueño puesto que continuaban intactos los factores estructurales de pobreza extrema y de la máxima exclusión en la que vivían las familias indígenas tuteladas por la medida, por lo que tales núcleos sobrevivían por debajo de la línea de indigencia, aunque lograron mejorías en términos de ingresos por vía del otorgamiento de pensiones no contributivas y la asistencia alimentaria bimensual que había implementado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que era insuficiente, y que la entrega de agua para consumo humano era una ficción. Finalmente, y lo más grave en términos de consecuencias humanas y que importa un claro incumplimiento de la cautelar, fue que tal asistencia posteriormente ha sido interrumpida hasta la fecha.

En realidad, las familias indígenas de la zona vivían por debajo de la línea de miseria considerándose las condiciones  sociales, económicas, sanitarias, educativas y ambientales de sus vidas diarias. Mayoritariamente vivían en pequeños ranchos de adobe y paja, con piso de tierra, sin agua potable, con uno o más analfabetos plenos o funcionales que deberían estar escolarizados y con el jefe o jefa de hogar sin trabajo estable. Esto eran los indicadores de miseria, que justamente caracterizaban a las familias indígenas de la zona, que no han sido superados aunque vale señalar que se construyeron viviendas que beneficiaron a algunas familias aborígenes.

Una mención especial nos merecieron los niños indígenas escolarizados en los procesos de educación bilingüe. Casi todos o la inmensa mayoría pasaban de grado para las estadísticas educativas, pero eran analfabetos funcionales más que típicos. La enseñanza era deficitaria. El contenido era inferior a los que se ejecutaban en las escuelas para blancos, lo que además de ser peyorativo, implicaba una discriminación positiva porque subyacía la idea de menores exigencias a los alumnos, que en el fondo se nutría del concepto de que tienen dificultades para el aprendizaje. En matemática copiaban los números del pizarrón. Por ejemplo: 2 + 2 = 4. Sin embargo, no trasladaban la operación a su entorno natural; no juntaban dos palitos del monte para luego agregar dos palitos más, para finalmente llegar al resultado, que son cuatro palitos. No trasladaban a los elementos materiales lo que copiaban de los pizarrones, sino que se desempeñaban de memoria. Los maestros no utilizaban los recursos naturales que entornaban las escuelas para la enseñanza, que mayoritariamente se llevaba adelante en castellano. La mayoría de los docentes no hablaba lengua originaria o no la utilizaban, a pesar de ser bilingües e indígenas, según títulos, incumpliéndose con la obligación legal de que debían enseñar en lengua materna hasta el tercer grado del nivel primario para luego combinar tal lengua con el idioma castellano. Por lo tanto, en lectura no comprendían el contenido. No aprendían las reglas de enseñanza en la función de leer, interpretar y razonar los contenidos. En ciencias sociales, permanecían ajenos por etnicidad. En ciencias biológicas, los maestros ignoraban el monte que es el entorno, por lo que olvidaban enseñar la composición y el funcionamiento de la naturaleza integrada con el mundo indígena.

Las necesidades básicas insatisfechas demandaban políticas públicas que contemplaban la promoción y el crecimiento de estas poblaciones desde el punto de vista social y económico. En lo sanitario y educativo, correspondía definir políticas y programas diferenciales, aunque parecían recargados, que en el mediano y largo plazo permitía superar situaciones que en lo sanitario eran y son endémicas (tuberculosis, Mal de Chagas, parasitosis, etc), con el objetivo de promover la salud y prevenir las enfermedades, con punto de partida en una buena alimentación (recuerdo que la inmensa mayoría de indígenas eran desnutridos, mal nutridos o anémicos como consecuencia de que sobrevivían a razón de una mono dieta hidrocarbonada, con base en la harina, la grasa y sus derivados).

En lo relativo a la educación, desde nuestro punto de vista la mayoría eran analfabetos plenos o funcionales, aún aquellos que pasaban por el ciclo primario, e incluso los que terminaban este nivel. Es que en materia de formación/educación el ALIMENTO es el primer factor de educabilidad. Como son poblaciones desnutridas, mal nutridas o anémicas, mayoritariamente farináceas, hasta los mejores servicios públicos de salud y educación fracasaban. Por lo tanto, no podíamos dejar de señalar que la salud y la educación en Chaco son prestaciones pésimamente brindadas, que combinadas permite -a cualquier observador o evaluador- representarse un escenario de comunidades indígenas totalmente excluidas.

Dijimos que si a lo expuesto sumamos las adicciones de los jóvenes indígenas que habitaban los asentamiento y barrios urbanos de las principales ciudades de Chaco, se componía un idea aún más amplia del deterioro de estas comunidades porque a la desestructuración familiar le seguían las inconductas sociales, la violencia por enfrentamientos internos, los conflictos con la policía y con la ley penal. Por supuesto que todo este escenario potenciaba una mayor exclusión social. Finalmente, siendo poblaciones con precaria salud y educación, se le agregaba la falta de capacitación y actitud para el trabajo, con lo cual eran excluidos también del mercado de trabajo.

En definitiva, cualquier inquietud que implicara  un mejoramiento a futuro de estas poblaciones suponía un cambio profundo en las políticas públicas. Casi todo lo hecho por nación y provincia estuvo mal planteado, pésimamente planificado y ejecutado, casi siempre desde oficinas burocráticas de funcionarios y de agentes torpes y de escasas experiencias. Alegamos que en el corto plazo quizás lo más acertado que habían realizado hasta 2011, a propósito de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del juicio que iniciara el Defensor del Pueblo de la Nación por posible exterminio, sistemático y silencioso, de las comunidades indígenas que viven en Chaco, ha sido el OTORGAMIENTO DE PENSIONES GRACIABLES O NO CONTRIBUTIVAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, MAYORES DE 70 AÑOS Y MADRES CON 7 O MÁS HIJOS. Esta medida mejoró, transitoriamente, la POBREZA DE INGRESOS de estas comunidades, comparándolo con los ingresos nulos que tenían antes de recibir estos beneficios, aunque se señaló que estaba pendiente ampliar la cobertura a más familias indígenas necesitadas.

 

La verdadera reparación histórica que ningún gobierno se propuso, ni intentó

La clave de la reparación histórica estaba y está en la devolución de la TIERRA, con monte y reforestación paga, en particular de especies que formaban parte de los alimentos naturales de las comunidades indígenas, como es el caso del algarrobo, que constituye el principal aporte de proteínas para la comunidad tradicional de estos pueblos. Además, la reparación debió comprender el cerramiento de las propiedades comunitarias, compuesta por 5 hilos de alambres, con postes y varillas de buena calidad, con el aporte de mano de obra de los propios indígenas, a los que había que pagarles un jornal digno y equitativo. Que esto permitiría repeler el saqueo del monte, de la pastura y de las pocas aguadas, que realizaban algunos productores criollos en las propiedades comunitarias indígenas. Se debía agregar la vivienda anti vinchuca, cuyo diseño ya fue realizado por el Ministerio de Salud del Chaco, que comprendía una superficie determinada de cubierta (techo) que además posibilitaría  “cosechar agua”, con un aljibe para almacenar, lo cual era importantísimo porque en todo El Impenetrable las poblaciones rurales tomaban aguas de charcos, con lo cual  contraían y se potenciaban muchas enfermedades vinculadas con la ingesta insuficiente de agua contaminada o insegura, que fue y es fuente determinante de PARASITOSIS generalizada de los indígenas, a su vez causante de enfermedades vinculadas con los parásitos.

 

Finalmente, se debía impulsar (financiar y acompañar prudentemente) los emprendimiento productivos compatibles con la diversidad étnica (los tobas y wichí son recolectores del monte, y los mocovíes son agricultores). De cualquier modo, en El Impenetrable -alegamos- que se podían planificar sistemas silvopastoriles que podrían andar muy bien. Tanto tobas como wichí tranquilamente podrían criar chivos y otros animales bajos y domésticos, como también encarar la pequeña agricultura (sementera baja) para consumo. A ello se podría agregar el trabajo de la miel en cajones y otras actividades compatibles con el concepto de LABOR que manejan las comunidades,  sustancialmente diferente al concepto TRABAJO que maneja el mundo blanco.

 

El síndrome de dependencia adquirida

Las familias indígenas en el año 2011 se encontraban en un estado de máxima exclusión desde el punto de vista social, económico, sanitario, educativo y ambiental, a lo que se sumaba la exclusión política e institucional dado que son sectores “rehenes” de los gobiernos nacional, provincial y fundamentalmente municipal. No ejercían los derechos propios de una ciudadanía plena. Para encarar el mejoramiento colectivo de estas comunidades, destacamos que se necesitaba de POLÍTICAS DE ESTADO. Afirmamos que  únicamente con políticas de estado se podía  encarar la verdadera reparación histórica de los pueblos originarios, que permitiría superar los nefastos programas y planes asistencialistas (clientelísticos) destinados a mantener a las comunidades indígenas en situación de extrema pobreza y de máxima exclusión social. Sin embargo, las mejorías que se habían logrado en beneficio de las comunidades aborígenes, a propósito de lo ordenado por la Corte en la medida cautelar, se aproximaban y se asimilaban un poco más al asistencialismo mal entendido, hasta el clientelismo político, y que a la reparación histórica que estaba pendiente debía ser iniciada inmediatamente.

Producto de la ausencia de una verdadera democracia constitucional en la zona cautelada y de las prácticas de asistencialismo dominantes o de clientelismos políticos, abiertos o desembozados, sostuvimos que las familias indígenas atravesaban colectivamente una especie de síndrome de dependencia aprendida después de muchos años de pobreza, indigencia, sometimiento e indefensión.

 

La  medida cautelar que se intenta hacer caer

La sentencia dictada por la Corte estableció obligaciones que deben cumplir los gobiernos de Argentina y de Chaco. Ordenó a ambas administraciones de gobiernos “el suministro de agua potable y alimentos a las comunidades indígenas que habitan en la región sudeste del Departamento General Güemes y noroeste del Departamento Libertador General San Martín de esa provincia, como así también de un medio de trasporte y comunicación adecuados, a cada uno de los puestos sanitarios”. El Defensor del Pueblo de la Nación había planteado que las comunidades qom vivían en situación de emergencia extrema, en la que no se respetaban el derecho a la vida y a la integridad física, violándose los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El Defensor denunció que los pueblos indígenas “se encontraban en situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable”.

 

Algunos fundamentos que avalan nuestra postura

A lo largo de decenas de documentos incorporados a nuestra web (www.centromandela.com) la Defensoría del Pueblo de Chaco y de Nación encontrarán suficientes argumentos que avalan nuestra postura de oposición a que se levante la medida cautelar. Para citar solamente algunos de tales documentos y otros avales, invitamos a que ingresen a los siguientes links:

1) La sentencia cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia para proteger a comunidades indígenas de una parte del territorio de El Impenetrable, que está vigente y que el gobierno de Capitanich intenta que cese (o sea que pierda su vigencia), está en el siguiente link: http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarDocumento&falloId=2210

2) Por si interesa profundizar, el escrito inicial (demanda) que interpuso el Defensor del Pueblo ante la Corte Suprema para lograr que ésta dicte la medida cautelar se puede encontrar en el siguiente link: http://argentina.indymedia.org/news/2007/09/544978.php

 

3) El segundo intento del gobierno de Capitanich para que se levante la medida cautelar se difundió hace poco tiempo. En el siguiente link, encontrará la publicación: http://www.chacodiapordia.com/noticia/101774/pueblos-indigenas-el-15-de-octubre-el-chaco-elevara-un-informe-a-la-corte-suprema

4) El Centro Mandela se opuso en la primera oportunidad en que el gobierno chaqueño intentó que se levante la medida cautelar. Fuente en el año 2011. En los siguientes links podrás encontrar nuestra posición:

5) Está en marcha el segundo intento del gobierno para que se levante la medida cautelar, que según nuestro criterio es indispensable que continúe vigente. Días pasados ya nos opusimos a esta estrategia del gobierno. Podrá encontrar nuestra postura pública en el siguiente link: http://www.centromandela.com/?p=14289

6) El viernes pasado vinieron representantes de varios sectores indígenas preocupados por el posible levantamiento de la medida cautelar. Como conocían nuestra postura pública, de franca oposición al levantamiento de la cautelar, los recibimos y le sugerimos que se presentaran ante el Defensor del Pueblo de Chaco para formalizar el rechazo de las comunidades indígenas al intento del gobierno, que pidieran que se redactara un acta que fuera elevada a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque es el demandante en el juicio en el que se dictó el fallo cautelar.

 

Corolario y petición concreta del Centro Mandela

En 2011 el Defensor del Pueblo y la Corte Suprema desarticularon la estrategia del gobernador Capitanich, manteniendo la vigencia de la medida cautelar que protegía y aún tutela a las comunidades indígenas, que obliga a los gobiernos de Argentina y de Chaco en cuestiones socio-sanitarias concretas y específicas.

Sin embargo, el gobernador va por su segundo intento que sobresale por su neto corte deshumanizado y deshumanizante. Tomándose en cuenta que la pobreza estructural sigue intacta, que la asistencia proporcionada no ha modificado mínimamente la situación de pobreza extrema y de máxima exclusión de las comunidades indígenas, es que -tal cual ocurrió en 2011- resulta indispensable que la Defensoría del Pueblo de Chaco y de la Nación no acompañen la nueva (segunda) iniciativa del gobierno en su  intento de que cese la vigencia de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema. Por el contrario, como desde el 2008 a la fecha el pronunciamiento cautelar no ha sido observado ni cumplido integralmente por los gobiernos de Argentina y de Chaco. Por lo tanto, corresponde que la Corte y la Defensoría del Pueblo de la Nación auditen el cumplimiento/incumplimiento de las obligaciones por parte de ambas administraciones de gobierno, a propósito de que esta es una exigencia inexorable en virtud de que impera en Argentina (aunque tampoco se cumple) la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, que en el caso comprende el control de cumplimiento del fallo cautelar.

 

POR LO TANTO

 

Planteamos que se debe mantener mantenerse incólume e inalterada la medida cautelar de la que derivan pautas concretas de protección dictada por la Corte a favor de las comunidades indígenas que viven en situación de miseria social, sanitaria, educativa y ambiental en El Impenetrable chaqueño.

Además, se imponen inmediatamente y por factores objetivos que evidencias incumplimientos de las obligaciones que pesan sobre los gobiernos de Argentina y de Chaco, que se efectúe un genuino y efectivo control de cumplimiento del Fallo cautelar dictado por la Corte Suprema el 18 de septiembre de 2007 porque estamos persuadidos de que viene siendo tal pronunciamiento, lo que conlleva una fuerte desatención social y sanitaria que perjudica la salud/vida de las comunidades aborígenes protegidas”, concluye el mismo.

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