Organizaciones sociales y ciudadanos independientes firmaron un documento a través del cual expresaron su “más enérgico repudio al accionar policial y judicial llevados a cabo en la Provincia del Chaco desde la sanción de la Ley Nº7.573, comúnmente llamada de narcomenudeo”.-

“Los procedimientos (allanamientos y detenciones) efectuados como consecuencia de la desfederalización y/o provincialización de un segmento de las conductas contempladas en la ley de drogas; concretamente, la venta al menudeo y la tenencia de estupefacientes (arts.5 y 14, Ley 23.737), únicos supuestos que por expresa disposición de la Ley 26.052 pueden sustraerse de la competencia federal, sin perjuicio de la dudosa constitucionalidad de esta ley, nuevamente, sólo afectan a personas vulneradas”, afirmaron en un documento remitido a esta redacción.

“La política criminal diseñada y concretada por el Estado provincial en su conjunto a partir de la puesta en funcionamiento del fuero de narcomenudeo,  lejos de abordar el problema de consumidores y tenedores de droga mediante un paradigma que ponga el acento en el derecho a la salud, la educación y la inclusión laboral; criminaliza y estigmatiza personas, especialmente jóvenes”, indicaron.

“Con el accionar desplegado, no se logra una justicia democrática e inclusiva y menos aún se contribuirá a “combatir” el narcotráfico. La mayor parte de los procedimientos llevados a cabo se concretó en hechos de poca monta; no se dio con el paradero de integrantes de un cartel colombiano o mexicano, sino y especialmente con personas pertenecientes a sectores populares y postergados, detenidas por ínfimas cantidad de estupefacientes, consumidores –a pesar del Fallo de la C.S.J.N., ‘Arriola’”, sostuvieron.

“Una política de seguridad democrática no se desentiende de la imprescindible política de prevención y de abordaje no punitivo de los conflictos sociales; no interviene desde una perspectiva represiva y discriminatoria cuyo sujeto de persecución y punición del sistema penal vuelven a ser los jóvenes”, aseguraron.

“Mientras las organizaciones de narcotráfico a gran escala se perfeccionan a medida que avanza la tecnología, desde el Estado chaqueño se anuncia ahora la instalación de “buzones” para el depósito de denuncias anónimas; recurriéndose a un instituto propio de los primeros tiempos de la Inquisición, allá por el año 1500 que, sin dudas, promoverá todo tipo de excesos”, expresaron.

“Lejos de tratarse de un mecanismo para democratizar la justicia, con estas medidas se promueve la actuación irregular de la policía, pues les permite utilizar “buches”, datos extraídos coactivamente y/o fraguar procesos, desalentando la utilización de medios de investigación para encarar delitos complejos, y podría encubrir disputas territoriales entre pequeños kiosquitos de expendio de droga que se denuncien unos a otros por sacar provecho en la competencia comercial”, señalaron.

“En suma, exhortamos a las autoridades políticas y judiciales de la provincia a abandonar este tipo de política criminal, que de actuales no tienen nada y que por la experiencia de otras provincias, no avizora resultados”, pidieron.

 “Un Estado que pretenda incluir a todos debe abordar el problema de consumidores desde el derecho a la salud y educación;  el de los “dealer” (jóvenes mandaderos que sobreviven con esa actividad), mediante inclusión laboral, concentrando y enderezando reales esfuerzos en supuestos de gran escala”, aseveraron.

 

Firman el documento:

-Asociación Justicia Legítima, Filial Nordeste

-Asociación Pensamiento Penal

-APDH, Delegación Chaco

-Agrupación Colectivo Nacional

-Ateneo para la Conciencia Nacional

-Resistencia cannábica

-Carlos M. Amad, Fiscal Federal

-Alberto Bovino, Abogado, Docente U.B.A.

-Lucas Crisafulli, Abogado, Docente U.N.C.

-Emilio Ruchansky, Periodista TV Pública y Editor Adjunto Revista THC

-Mariano Gutierrez, Criminólogo, Docente Materia Delito y Sociedad, Facultad Ciencias Sociales, UBA

-Francisco “Tete” Romero, Profesor

-José H.Bistoletti, Abogado

-Juan César Penchansky, Abogado

-Carlos Roberto López, Abogado

-Laura Tissembaum, Abogada

-Mónica Alendra Sánchez, Abogada

-Josefa Benítez de Camarichi, Abogada

-María del Carmen Fernández, Abogada

-Vanesa Díaz, Abogada

-Aníbal, Fenández, Abogado

-Cecilia Martínez, Abogada

-Marcelino Leiva, Abogado

-Silvia L. de Valoriani, Abogada

-Rocío Guillán Rosenvich, Abogada

-Gastón Almirón, Abogado

-Omar González Gold, Abogado

-Andrés De León, Abogado

-Ricardo César Alegre, Abogado

-Mirta Clara, Psicóloga, Docente Maestría Salud Mental Com. UNLANUS

-Juan Carlos Fernández, Ingeniero

-Bruno Martínez, Periodista

-Guido Alberto Canteros Moussa, Escritor, Abogado

-Alfredo Germignani, Escritor, Periodista

-Mariana Saife, Periodista

-Sebastián Acosta, Periodista

-Claudia Araujo, Periodista

-Gonzalo Torres, Periodista

-Silvia Villavicencio, Locutora

-María Alejandra Zacarías, Locutora, Periodista

-Mariano Bianucci, Periodista

-Rubén Tonzar, Periodista

-Marisa Nera, Periodista

-Andrea Bonnet, Periodista

-Horacio Horacio Martínez, Sec. Concejo Municipal Pres. Roque S.Peña. Referente Encuentro Progresista

-Cinthia Moreno, Operadora en Psicología Social

-Ricardo Rodríguez, Escribano Público

-Mario Gianneschi, Contador Público

-Alejandra María Carrizo, Psicóloga, Docente Univ., APDH, Filial Formosa

-Iván Benítez, Estudiante

-Mirna Soto, Dirección de la Mujer, Línea 137

-Lisandro Vargas Gómez, Artista, Periodista

-Víctor Fernández, Comerciante

-Gabriela Ramírez, Profesora

-Úrsula Sabarece, Empleada

-Leonardo Ramos, Empleado

-Indiana Acosta, Empleada

-Pablo Tissembaum, Estudiante

-César Dellamea, Estudiante

-María Jarumi Nishishinya, Lic. En Psicología

-Nayla Bosch, Estudiante

-Amílcar Romero, Comerciante

-Rocío Navarro, Docente

-Nahuel López Pontón, Estudiante

-Mario Pallini, Comerciante

-Bruno Mencia, Estudiante

-Ana Paula Acosta, Estudiante

-Víctor Lisboa, Empleado Radio Nacional Resistencia

-Grissel Noemí Lex, Arquitecta, Empleada

-Viridiana Ramírez, Antropóloga Social

-Andrea Benítez, Arquitecta, Docente Investigadora UNNE

-Hugo Collante, Empleado

-Gloria Angélica Rivero Atienza, Comisión DDHH de Barranqueras

-María Alejandra Carbajal, Docente

-Cristian Chucoff, Empleado

-Juan Pablo Demaría, Docente

-Soledad Ruvira, Comerciante

-Claudio Fernández, Comerciante

-Blanca de la Riega, Empleada

-Mario Ramírez, Docente, Escritor

-Manuel Sosa Mena, Estudiante

-Bianca Morales, Peluquera

-Juan Carlos Vargas, Empleado

-Gabriel Ilieff, Estudiante

-Carlos M. Brusker, Ex combatiente, Empleado

-Analía Inés Flores, Profesora

-Hugo Daniel Castro, Empleado

-Francisco José Álvarez, Estudiante

-Ada Abigail Vallejos, Estudiante

Fuente: Chaco Día por Día

 

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Comentarios

Lucas

Era obvio que esto iba a pasar, pero el gobierno popular de Coqui hace campaña con el "narcomenudeo" y el juicio por jurados, dos cosas que se implementaron legislativamente mal. Ahora recién se dan cuenta todos los firmantes, pero en el momento que correspondía estaban a full con Coqui. Acá en Villa Angela nos conocemos todos, y todavía no allanaron ningunos de los lugares o domicilios en donde todos sabemos que hay droga, porque obviamente son empresarios poderosos que hace rato están re metidos. La sociedad se va a tener que arreglar sola, como hace tiempo que lo viene haciendo. Droga+Política= un solo corazón

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yo

TODOS CONSUMIDORES LOS FIRMANTES..

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opinion

porque no laburan y realizan allanamientos a los narcos, a los que viven de esto, no joder a pibes que fuman y no joden a nadie. pobre chaco con la cabecita que tienen

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