El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, se refirió a las denuncias por irregularidades en los municipios de la Provincia. Ante los reclamos que llegaron a la Defensoría del Pueblo, el ombudsman indicó que "es fundamental respetar la legislación vigente en garantía de los derechos. La violación de estas normas compromete, en algunos casos, el presupuesto que deberán afrontar los intendentes para el pago de sueldos, restando fondos para la administración en sí y además oprime el desarrollo laboral de los trabajadores al vulnerar la carrera administrativa", indicó.

Corregido explica que las designaciones de ingreso del personal a planta permanente se rigen por la Ley Orgánica de Municipios, la cual indica que mientras las municipalidades no dicten su propio estatuto para el personal, regirán leyes y reglamentos vigentes para el personal de la administración pública provincial. Esto remite a la Ley 2.017 Estatuto del Empleado Público que en su Art.7 dispone que los ingresos deben ser por concurso o prueba de suficiencia. "Son leyes que se deben respetar porque su incumplimiento lesiona el derecho de los propios empleados a crecer dentro de la administración pública e impide que se compruebe la idoneidad para el cargo, un principio básico que protege el derecho al acceso al trabajo y la carrera administrativa", señaló.

"Vamos a seguir abogando por el cumplimiento de la normativa vigente en beneficio de la sociedad porque se trata de un derecho de incidencia colectiva en general, porque los ciudadanos que quieran acceder al empleo público también deben tener la posibilidad de hacerlo dentro de un marco legal justo. Debemos exigir que las leyes no se transformen letra muerta", concluyó. En este sentido, explicó el estado procesal de las causas que lleva la Defensoría sobre este tema, y detalló que en el caso del municipio de Resistencia se está tramitando el recurso de apelación de la cautelar y en los casos de Quitilipi, Villa Ángela y Puerto Bermejo están en trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. A la vez también se analizan los casos de Santa Sylvina, Corzuela, San Bernardo y Colonia Benítez.

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Comentarios

Analia R

Esta mas que claro que por mas que se haya presupuestado el ingreso de personal la constitución, la ley 4233 y el estatuto del empleado municipal no faculta al intendente a elegir a las personas a modo de premio y otorgarle un trabajo estable , se vulnera el principio de igualdad. Quiere decir esto que es necesario una definición rápida de la cosa y dejar sin efecto tanto el ingreso selectivo que se otorgo como así también el festival de ascensos a las categorías superiores. Esta visto el el actual intendente no va hacer nada al respecto mientras tanto tiene un municipio plagado de jefes de departamentos y directores y como es lógico de suponer personal ingresado sin un mínimo de capacidad premio a la obediencia.

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