Se transcribe el informe parlamentario completo.

Correspondió al diputado Hugo Sager, Presidente del Bloque Justicialista brindar los motivos de la convocatoria a Sesión Extraordinaria, haciendo referencia a “lo que está ocurriendo con las cuentas provinciales con sucesivos embargos, y con la necesidad al mismo tiempo de trabajar, fijar un plazo perentorio y previsible a una situación que viene de un tiempo a esta parte, promovida por la acordada del STJ que generara posteriormente los reclamos respectivos. Entendemos nosotros y el Poder Ejecutivo la necesidad de contar con la legislación que nos permita encauzar esto y que no afecte el tesoro provincial y entre todos trabajar en una solución definitiva”.

Atento a esto, propuso el siguiente temario: “El proyecto de Ley 3760/15 que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos por hasta un monto de Pesos Dos Mil Quinientos Millones ($ 2.500.000.000,00) con destino a asistir al Estado Provincial en gastos corrientes y en el cumplimiento de obligaciones provenientes de ejecuciones de sentencias originadas en la Resolución 858/91 dictada por el Superior Tribunal de Justicia; 3811/15 que declara la Emergencia Económica y Financiera de la provincia del Chaco, en atención a la deuda generada por la declaración de ilegitimidad de dicha Resolución”.

Luego, pidió la incorporación de “el proyecto 2984/15 que modifica la ley 6655 que no contempla e a la ATP en lo que se refiere a que los directivos o el administrador de dicho ente, tenga establecida la cantidad de personal de gabinete con la que cuenta” y agregó “ha llegado y pedimos el tratamiento del expte del veto parcial a la Ley 7714 que modifica el art 3 de la ley 6309 referido a call center, incorporando el 5 % que por ley corresponde aplicar para absorber mano de obra de personas con discapacidad”.

El diputado Carim Peche manifestó que “estamos aquí en las bancas dando el quórum para debatir temas importantes y está la predisposición de hablar de todos estos temas” al tiempo que solicitó un cuarto intermedio para acercar posiciones.

Ricardo Sánchez, solicitó “antes de votar completar lo expuesto por nuestro Presidente de Bloque, lo manifestado por el diputado Sager es expresa justificación en el marco del artículo 112 de la Constitución Provincial, pero sumamos a estos temas la necesidad de sanción de la ley que establece la leyenda de la papelería oficial para el 2016 y por ello voy a solicitar el tratamiento del Proyecto de Ley 1713/15”.

Irene Dumrauf, compartió que “es necesario definir esta cuestión de la leyenda de la papelería, pero se han incorporado temas que no hacen a la justificación de la convocatoria de esta sesión” y se refirió al proyecto que modifica un inciso de la Ley 6655 alegando que “atiende simplemente a la necesidad de un funcionario para designar personal de gabinete, eso requiere otro tipo de tratamiento y no en esta sesión”.

Livio Gutiérrez pidió “poner a consideración y votar lo de la leyenda y después debatir en profundidad el tema de la emergencia, podemos encontrar una salida consensuada pero hay serias observaciones, se hablaba de una solidez económica de la provincia y hoy estamos legislando sobre emergencia económica hay contradicciones, por eso queremos analizar esta situación”.

Roy Nikisch, coincidió con Dumrauf y sostuvo “las extraordinarias son de emergencia, y no sería correcto que estemos habilitando a un funcionario para designar personal de gabinete cuando hablamos de la emergencia económica”.

Daniel Trabalón afirmó “estamos acá por un tema central que tiene un efecto sobre la población del Chaco, por lo expuesto hay visiones y posiciones distintas pero la convocatoria para la emergencia sobre los embargos es un tema que justifica la extraordinaria”.

Carlos Martínez, precisó “estamos en un momento del receso del Poder Legislativo, tenemos que examinar los requisitos para la convocatoria extraordinaria, el problema es que dejemos un antecedente sobre lo que consideramos urgente y de interés público”.

Darío Bacileff Ivanoff, respondió expresiones del diputado Nikisch y de la diputada Dumrauf y aclaró que el veto a la modificación de la Ley de Promoción de Call Center “justamente tiene que ver con otra iniciativa que se transformó en ley, que es el Digesto Jurídico” y explicó que gracias al ordenamiento y la claridad que el Digesto representa, se detectó que “hubo una reforma posterior en la que se omitió este 5% de cupo de empleo para personas con discapacidad y eso es lo que se pretende salvar”.

 

Declaran emergencia económica y financiera para afrontar

La deuda del juicio de los trabajadores judiciales

La Ley 7751 sancionada por la Legislatura declara la Emergencia Económica y Financiera de la provincia del Chaco hasta el 30 de Junio de 2016, en atención a la deuda generada por la declaración de ilegitimidad de la Resolución Nº 858/91 dictada por el Superior Tribunal de Justicia y el reconocimiento y condena judicial por las diferencias salariales que generó.  El estado de emergencia durará el período comprendido en la misma norma para la cancelación de las referidas obligaciones de reconocimiento judicial.

El diputado Ricardo Sánchez fundamentó la iniciativa y celebró la unanimidad en la aprobación en general en un “tema conflictivo como es este megajuicio donde se involucra a trabajadores, funcionarios y jueces, estuvimos hoy con la visita de nuestro fiscal de estado Jorge Alcántara y del Ministro de Economía, este es un tema acuciante para el Poder Ejecutivo ya que hay más de 400 millones de pesos en embargos, más allá que la incautación de fondo es de 30 a 40 millones de pesos, estos embargos están vigentes, hablamos de cuentas públicas y sabemos la importancia que significa”.

 “Hubo un proyecto –explicó- que si bien lleva mi firma ha sido consensuado con nuestro bloque y parte del gabinete económico de nuestro gobierno, para avanzar en una emergencia”. Agregó que “si bien es originada por un sector del Estado, trabajadores y jueces integrantes del Poder Judicial, afecta al interés general y al movimiento de las cuentas públicas porque ese interés dado por esa acreencia justa -nadie cuestiona el juicio ni las resultas del juicio, cuyas sentencias quedaron firmes- están en pleno proceso de ejecución con embargo de cuentas, sabemos que en algunos casos se han ordenado pagos electrónicos a cuenta, esto nos pone en defensa del patrimonio del Estado Provincial y del presupuesto provincial”

Sánchez recordó “nosotros hemos aprobado una ley de presupuesto en la última sesión de la composición legislativa anterior y establecimos entre las pautas económicas que iban 200 millones al Poder Judicial, harina de otro costal es que hubo quejas, sobre por qué le imputamos al poder judicial y no al Ejecutivo cuando es un juicio originado por la ineficiencia administrativa del poder judicial y de no respetar las leyes”.

En ese sentido, destacó que “en esa acordada se dio un 115 de incremento solo a los jueces del STJ y la nulidad de la misma fue el origen de esa deuda que hoy tenemos que afrontar todos los chaqueños, por eso es necesario esta emergencia económica y partir de allí establecer una serie de requisitos porque no solo decretamos la emergencia, le decimos al acreedor su dirección de pago”.

“Nosotros proponemos un plazo máximo de 10 años, no implica que de acuerdo al presupuesto y lo que trabajemos desde marzo no se pueda achicar este plazo, este es un comienzo que implica para el estado tener una herramienta que le va a permitir en cada una de estas causas la aplicación de los elementos que planteamos dentro de esta ley, entre ellos: el levantamiento de las medidas cautelares que establecimos como inadmisibles, y plantear este horizonte de pago al acreedor”.

Carim Peche, observó “participamos en una reunión con el Gobernador, y hablamos de este tema entre otros, que preocupaban a las arcas del estado, hicimos el compromiso de trabajar en esto y destacamos a diferencia de otros tiempos, que el señor gobernador electo puso a disposición a los funcionarios y se trabajó estas cuestiones, un juicio de más de 20 años con sentencia firme, que afecta el interés general de la provincia, y de los chaqueños”.

“Se modificaron algunos temas del proyecto original, se puso una fecha para el tema de la emergencia, creemos que había que especificar que estos 200 millones sean destinados al tema de la acordada 858 y decíamos que más allá de la intención del plazo de 10 años nosotros vamos a proponer que sean 2 años, porque a quien está esperando hace tanto tiempo cobrar uno tiene que fijar con certeza, y en marzo ver el tema crediticio que se habló con el Gobernador y los legisladores”.

Sostuvo “se están viviendo otros tiempos en la Argentina, de diálogo, respeto institucional, no podemos decir a un gobernador electo ‘no nos importa lo que pase con la caja del estado’, seríamos irresponsables y ninguno pretende que le vaya mal un gobierno, las elecciones terminaron y tenemos que dar las nuevas herramientas al gobierno que asumió”.

Livio Gutiérrez, aclaró que “nuestro bloque debatió toda la tarde, puso un límite temporal al proyecto oficialista, poner 30 de junio tiene que ver con un requisito constitucional ya que la emergencia no puede estar prorrogada al infinito. La ley tiene que proteger el interés general, y no sectorial, el poder judicial tiene una obligación y más allá de las críticas que podemos hacer, la obligación del poder judicial es equilibrar las cuentas públicas”.

“Por eso es tan trascendente plantear esta cuestión con una apertura de las defensas de los intereses individuales y laborales de quienes hicieron los reclamos” sostuvo, y agregó “cae pesada otra emergencia, y rememoro lo que decía Carim, tenemos un resultado fiscal primero favorable, y un resultado del incremento patrimonial favorable según dijo el 15 de junio de 2015 Capitanich, creemos que necesitamos sincerar las cuentas públicas, queremos saber en qué se gastó la plata del acueducto, de la exploración petrolera”.

Beatriz Bogado aseguró “lo importante es que es si bien no somos responsables de esta situación, asumimos la responsabilidad que nos corresponde como legisladores, y estoy segura que más allá de lo que se dijo en el inicio de la sesión, el poder haber construido gran parte del consenso de este proyecto de ley tiene que ver con haber compartido entre todos los legisladores la visión de que el interés general debe primar por sobre los particulares, y en este sentido quiero resaltar que no desconocemos la legitimidad y legalidad de los reclamos y no dejamos de ver que los involucrados son trabajadores del estado y que hay sentencias firmes”.

“Pero también –observó- el informe del que todos disponemos que habla de una cifra de casi 460 millones de pesos en concepto de embargos, pone en riesgo no solo el pago de los trabajadores estatales, sino que pone en riesgo ejercicio de derechos elementales como la salud, educación, estamos en una situación complicada y extraordinaria. Estos juicios megamillonarios no son cuestiones corrientes, es un juicio colectivo que involucra a cientos de trabajadores”.

Recordó “los legisladores tenemos memoria y no es la primera vez que se habla de estos megajuicios, y también otros gobernadores tuvieron que hacerse cargo de deudas, y hubo un reconocimiento que tratándose de cifras extraordinarias, por mas que las cifras del Estado estuvieran bien, no se podría afrontar estas cuestiones. En el megajuicio del ‘99 se definió con pago de bonos a 16 años y nadie entendió que eso era una burla a los trabajadores que iniciaron esa demanda”.

“En ese sentido –sostuvo- considero que me parece válido que planteemos una fecha cierta de la emergencia porque no tengo dudas que esto es necesario e imprescindible para dar la herramienta para que esos embargos que hoy preocupan puedan resolverse, y lo que hemos vivido de construir los consensos creo que desde la oposición hay una visión que debe primar el interés general sobre el particular”.

Daniel Trabalón expresó el acompañamiento a la propuesta planteada por el diputado Ricardo Sánchez, “lo planteaba cuando hablé al principio, decía que nos trajo a esta sesión la decisión de tomar un tema que entendemos tiene un efecto muy nocivo no solo sobre el gobierno de la provincia del Chaco que asumió en estos días sino sobre el pueblo del Chaco”.

“Este tema que tiene más de 20 años producto de la resolución 858/91, es ilegal e injusto y ha generado un efecto negativo sobre el sistema judicial y hoy está generando un efecto nocivo y negativo sobre los recursos del estado provincial” afirmó. “Hay sentencia firme y conocemos el derecho y la legitimidad que le asiste a trabajadores y funcionarios judiciales producto de esta resolución injusta, es responsabilidad nuestra generar alternativas y herramientas para el gobierno, y resguardar los intereses de los chaqueños”.

Trabalón destacó “la responsabilidad que asumimos los legisladores y resaltar el diálogo, lo que estamos por votar significa consenso, es una respuesta concreta que da el estado provincial y decíamos al tratar el presupuesto que no fue una actitud democrática del STJ que no se sentó a debatir con los legisladores y esto tiene que cambiar. Esto que hacemos acá construyendo consensos y acuerdos con diferencias, expresa una voluntad política de avanzar y contemplar los derechos de la sociedad”.

“Poner un plazo fue parte de ese consenso, buscar mecanismos para adelante también será la responsabilidad para el futuro, valoramos los aportes, coincidencias de todos los bloques, la voluntad de buscar alternativas y acompañamos este proyecto”.

 

Algunas disposiciones de la ley

A partir de esta sanción se consolidan en el Estado Provincial  las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 30 de noviembre de 2015, que consistan en el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos: cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicialmente y que tengan origen en la Acordada N° 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco; o cuando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial y este estuviere firme y refiera a la Acordada N° 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.

La consolidación dispuesta comprende las obligaciones que surjan en el pago de costos, costas y honorarios profesionales con motivo de las causas emergentes en reclamos judiciales que tienen como origen la Acordada Nº 858/91 y que estén regulados judicialmente, firmes y consentidos.

Se instituye a esta norma como única vía para el pleno cumplimiento de las obligaciones emergentes de las sentencias judiciales firmes a que refiere la Ley, las que tendrán carácter meramente declarativo frente al Estado Provincial, limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda.

El Ejecutivo incorporará al Presupuesto 2016 y subsiguientes recursos destinados a atender el pago de las obligaciones mencionadas debiendo preverse el cumplimiento total en el plazo de 10 años como máximo.   

Los recursos que anualmente asigne el Poder Ejecutivo para atender el pasivo consolidado, si los acreedores no realizan las opciones o alternativas financieras que propone esta normativa, se imputará al pago de los créditos reconocidos, de acuerdo a un orden de prelación cronológico.

En primer lugar las personas que tengan más de setenta años y aquellas que posean algún grado de discapacidad, se asignará del monto presupuestado lo necesario para atender el 50% del crédito y el resto en cuotas plurianuales hasta cumplir el plazo señalado. Luego, a las personas que padezcan de alguna enfermedad grave que pongan en riesgo la vida o salud, se asignará del monto presupuestado para atender el 50% del crédito y el resto en cuotas plurianuales hasta cumplir el plazo señalado.

Conforme a lo que determina la Constitución y las leyes del Estado de emergencia pública -7411- y el efecto declarativo de sentencia contra el estado -4474- quedo establecida la inembargabilidad y la no ejecución a medida cautelar alguna de los fondos genuinos y coparticipables y otros bienes pertenecientes al estado provincial.

Además se autoriza al Ejecutivo a dictar normas reglamentarias que establezcan los términos y condiciones de las operaciones que se instrumenten por aplicación de la ley. El Ministerio de Hacienda y Finanzas será el órgano de aplicación de la norma.

 

El texto completo de la Ley estará disponible en el sitio web: http://www.legislaturachaco.gov.ar

 

La papelería oficial llevará la leyenda “2016 año del bicentenario de la declaración de la independencia argentina”

La legislatura sancionó la ley 7750 que establece que a partir del 1º de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016,  toda documentación oficial expedida por las distintas reparticiones y entes que conforman el Sector Público Provincial, deberá incluir en el margen superior, un sello o impresión con la leyenda: “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina”.

La norma, que fue despachada por la Comisión de Legislación General y sancionada en Sesión Extraordinaria, invita a los Municipios de la Provincia a adherir a la misma.

 

Aceptan veto parcial al proyecto de ley 7714

Modifica ley de promocion de los call center

En Sesión Extraordinaria se aprobó la aceptación del veto parcial a la Ley 7714 que modifica la ley de Promoción de Call Center, incorporando la cláusula que indica que el beneficio de exención impositiva determinado por la Ley se hará efectivo cuando las empresas beneficiarias destinen un 5% de los puestos de trabajo vacantes para personas con discapacidad.

El Poder Ejecutivo fundamentó el veto parcial explicando que “del análisis del texto del articulo 3º surgen dos cuestiones fundamentales: Por un lado se eleva a ocho años, la exención del cien por ciento del impuesto sobre ingresos brutos y de sellos, o de los tributos o impuestos que los sustituyan, para las empresas comprensivas de esta ley, de lo que no surge objeción alguna. Ahora bien, del mismo articulo, se quita el párrafo referido a que dicho beneficio impositivo se hará efectivo cuando las empresas establezcan reservas de puestos de trabajo, en caso de vacancias, para ser ocupados, exclusivamente, por personas con discapacidad de acuerdo con la condición de idoneidad para el cargo y en una proporción no inferior al cinco de la totalidad de su personal”.

“Es decir –detalla el expediente que lleva la firma del Gobernador Domingo Peppo- lo que en la redacción del originario articulo 3º desaparecería con la propuesta de esta nueva Ley, lo que no resulta acertado, ya que justamente lo que pretendió a prima facie  con la Ley en cuestión es impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad en la actividad privada, concientizando al sector empresarial, y equipando la exigencia del cupo laboral de las empresas privadas con la que se exige para el sector publico provincial”.

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