Tras la reunión que encabezaron los magistrados del Poder Judicial junto con el gobernador, Domingo Peppo, en el marco del diálogo por el pago de la millonaria deuda con los judiciales, el exjuez, Raúl Yurkevich reiteró que desde el sector rechazaron la propuesta de cancelar dicha deuda con bonos. “Ya ocurrió y fue una estafa”, recordó.

“El pago con bonos de una deuda alimentaria está expresamente prohibido por la Constitución Provincial. La experiencia que ya tuvimos acredita que esta modalidad no es más que un negociado con dineros del Estado y una estafa para los reclamantes”, señaló Yurkevich a través de una carta enviada a este medio.

“En el marco de los juicios contra la Provincia del Chaco motivados por la aplicación de la Acordada nº 858/91 del STJ, el día martes 23 del corriente mes se llevó a cabo una reunión en la sede de la Asociación de Magistrados del Chaco. Cabe aclarar que esta entidad prestó sus instalaciones pero los convocantes y asistentes fueron quienes somos demandantes en los juicios de marras”, recordó.

“Allí se habló acerca de la mal denominada “Ley de Emergencia Económica” nº 7751 y de los límites que estarían dispuestos a tolerar los demandantes en juicio. La mencionada ley es falsa en su motivación e inconstitucional en su articulado. Es falsa en su motivación por cuanto en realidad la situación originada por los juicios era harto conocida por el gobierno desde la fecha de la primera sentencia ocurrida allá por el año 2009”, sostuvo.

“Desde entonces hasta ahora nada hicieron los gobernantes del Poder Ejecutivo y/o del Poder Legislativo para atender con diligencia los resultados de los juicios (ver art.76 Constitución Provincial). Tampoco se aceptaron ofertas de trabajar en conjunto a los fines de evitar que el impacto de las sentencias se convirtiera en una avalancha inmanejable. Entonces, no se puede hablar de emergencia sino de crisis provocada por la negligencia, la omisión deliberada y la falta de cumplimiento de deberes específicos que a su cargo tenían los funcionarios públicos aludidos. Pero tampoco hicieron nada de lo que estaban obligados a hacer (ver ley 4474) cuando fueron intimados al pago de las planillas elaboradas con ajuste a las sentencias firmes y sólo parecieron despertar de su incomprensible letargo cuando se vinieron encima los juicios ejecutivos y los embargos de fondos. En realidad el Estado estuvo estos dos últimos años más preocupado en generar honorarios profesionales con chicanas interminables, que en proponer soluciones”, indicó.

 

“Dice la ley que la emergencia es de carácter económico y el gobierno dice que le resultará imposible pagar sueldos si continúan los embargos. Es falso. El monto que dá a conocer el gobierno es el de la sumatoria total de los juicios con sentencia firme a la fecha, pero la ley 4474 obliga a transitar un camino administrativo que la mayoría de los actores aún no ha transitado. Es allí donde el gobierno debería armarse de creatividad para ir ofreciendo pagar lo posible incorporando los montos al presupuesto siguiente (cosa que deberían haber hecho y no hicieron con los reclamos que ahora están en etapa ejecutiva). Los embargos ejecutados hasta ahora alcanzan apenas a un 10% del monto total de todos los reclamos de todos los actores. Los embargos emitidos pero no ejecutados suman apenas otro 15%”, dijo.

“Estimamos que el Estado puede seguir funcionando y al mismo tiempo puede pagar los juicios a medida que los mismos les sean exigibles y podemos demostrarlo”, sostuvo.

“La ley 7751 es inconstitucional porque afecta principios, garantías y derechos constitucionales. Mas allá que algún trasnochado, temeroso u obsecuente juez pudiera declarar que esta ley es ajustada a derecho, lo cierto es que ella comienza por subvertir todo el orden jurídico al desbaratar derechos acordados por sentencias judiciales firmes, después de transitar todo el proceso ejecutivo y después inclusive que se hayan dispuestos los embargos, retrotrayendo todo reclamo a una instancia previa a la demanda judicial, ya que impone a los reclamantes acudir a una oficina administrativa en la cual el Poder Ejecutivo determinará cuándo, dónde, cómo y qué pagará pese a que la Justicia ya se expidió acerca de estos extremos”, indicó.

“Cabría preguntarse cuál es la razón de existir del Poder Judicial de ahora en más. ¿Para qué necesitamos abogados, jueces y tribunales? ¿Si es el poder ejecutivo el que apoderándose de la potestad jurisdiccional desconoce los resultados de los juicios y fija a su antojo los modos que, bueno es recordarlo, no ha cumplido en más de 24 años?

 “La ley7751 viola el principio de igualdad ante la ley ya que hay reclamantes que han cobrado sus acreencias y en cambio impide a los demás hacerlo. Pero también porque crea una discriminación respecto a los acreedores por estos juicios estableciendo un trato dispar a modo de capiti diminutio respecto a los demás acreedores del Estado”.

“La ley 7751 viola el debido proceso legal y la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio al obligarnos a abandonar la sede judicial, llevarnos a una sede –la administrativa- ya agotada y a transitar nuevamente un camino doblemente transitado. Nadie puede asegurarnos que un futuro gobierno –de permitirse esta situación- no haga lo mismo y nos obligue a retroceder tantas veces como lo estimen haciendo ilusorio el cobro de nuestras acreencias”.

“La ley 7751 viola el derecho de propiedad en tanto una sentencia firme que establece el derecho a percibir de inmediato una suma determinada de dinero es ”anulada” y postergada sine die tornando litigioso un derecho que por sentencia judicial ya no lo es”.

“Una última consideración. El pago con bonos de una deuda alimentaria está expresamente prohibido por la Constitución Provincial. La experiencia que ya tuvimos acredita que esta modalidad no es más que un negociado con dineros del Estado y una estafa para los reclamantes. Precisamente son estos extremos los que el constituyente ha tenido en cuenta para disponer tal prohibición. A su vez, demorar otros 10 o 15 años el pago de esta deuda que ya lleva casi 25 años, sería tanto como declarar la irresponsabilidad absoluta del Estado y su ajeneidad al sistema jurídico lo cual es un contrasentido”, finalizó.

 Fuente: Chaco Día por Día

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