Por falta de una oferta superadora por parte del Poder Ejecutivo, resolvió continuar con las medidas de acción directa.

La Unión Personal Civil de la Provincia, (Upcp) convoca paro general por 48 horas a partir del lunes 10 de julio, bajo el lema "las conquistas laborales obtenidas no se negocian", rechazando la sumas en negro, el desfinancimiento del Insssep y la exclusión de los trabajadores jubilados del aumento salarial.

El secretario general del gremio, José Niz, destacó la actitud de los trabajadores que  asumieron la adhesión al paro general como compromiso de defensa de la fuente de trabajo y de los servicios públicos en manos del Estado, sostenidos por empleados con estabilidad y  sin precarización laboral.

El gremialista emitió un Comunicado de prensa en el que explica que el plenario de delegados decidió dar continuidad a la medida de fuerza para los días lunes y martes, y de no recibir una oferta justa, se continuará por 72  horas para los días miércoles, jueves y viernes.

"Pretenden condicionar la aplicación del aumento salarial al levantamiento de medidas de acción directa sectoriales cuando deben el pago de insalubridad 40 y 44 horas desde el 2015, el Gobierno pone condiciones y son ellos los no cumplen con su palabra”, expresó Niz.

En este sentido, el Dirigente sindical explicó "exigimos una propuesta formal de una suma en blanco, remunerativa y bonificable que recomponga los salarios en relación con los índices inflacionarios.

Niz, calificó de práctica desleal la exigencia de poner como condición,  levantar las medidas de acción directa sectoriales para la ejecución de lo ofrecido, remarcó que  el Sindicato rechazó el pago de sumas en negro y ratificó el reclamo del 35% a la Escala Salarial.

"Estamos frente  a una política de ajuste salvaje, y nuestros salarios siguen en baja, hoy un 50% de los trabajadores tiene salarios inferiores al costo de la canasta básica”, expresó Niz.

Somos servidores públicos y nuestro compromiso es con el pueblo.

 

La situación provincial

Señaló Niz, que los medios nacionales ubican a la Provincia del Chaco en segundo lugar en cuanto a la mirada preferencial de la Gestión Macri y el hecho es que recibieron aportes por $ 10.557 millones, y por otra parte casualmente antes de las elecciones el Chaco, recibirá de Anses unos 2000 millones de pesos.

Esta actitud preferente del Gobierno Nacional hacia el Chaco tiene un precio abdicar de las  banderas ideológicas de protección a los trabajadores y sectores vulnerables para ejecutar sin cuestionamientos los ajustes que ordena la política neoliberal.

 

Medidas de ajuste

Así, nuestros gobernantes, cambian dinero por adherirse  a la cruel política de  ajuste fiscal  que incluye, eliminación de 2500 puestos de  trabajo como mínimo  de la planta permanente de la administración pública provincial, despidos,  bajos salarios, tarifazos sin control, quites de beneficios pero lo más grave podrán ejecutar tranquilamente y avalados por el gobierno nacional la tercerización de los servicios públicos, desabastecimiento de hospitales, aumento de tarifas, hipotecando nuestra provincia, por millones que nunca a llegan a los sectores más castigados de la sociedad y se desvían hacia los bolsillos de los elegidos del poder.

También se refirió Niz, al Proyecto Pro de Antivacunas y afirmó: no proveen las vacunas necesarias en una provincia donde más del 70% no tiene obra social quiere decir que los habitantes no van a tener ningún tipo de garantía de inmunidad, y así los castigados son nuevamente a los que menos tienen, un avance más sobre la salud pública  que evidentemente el gobierno Chaqueño avala porque nunca salió a rechazarlo.

 

La posición de UPCP  como representante de los trabajadores de la Administración Pública

Ratificamos como Sindicato la posición de continuar de pie y en lucha para que no desaparezcan los servicios públicos, defender nuestros salarios y concientizar a la comunidad que las políticas de ajuste no respetan a nadie y siempre recaen sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Defendemos los derechos del pueblo Chaco,  y repudiamos a los gobiernos que se olvidan del pueblo que gobiernan y se arrodillan frente a Macri convirtiéndose en cómplices armando boletas   con legisladores que sean obsecuentes del gobierno nacional en el Congreso.

Por su parte también los diputados provinciales, debieran defender  a los trabajadores porque somos ciudadanos  incluyendo en el presupuesto  los aumentos salarios anuales y el ajuste por inflación que nos corresponde, exigió el dirigente.

Es lamentable escuchar como circulan las acusaciones de corrupción por las distintas redes sociales, e impunemente se presentan en actos públicos y sostienen trabajadores precarizados con salarios de 4000 pesos, sin obra social, sin aportes jubilatorios y sin ningún tipo de estabilidad,  sin siquiera sonrojarse.

Transferencia de fondos a sectores privados, tercerización, falsificación de instrumentos legales, pagos de sumas millonarias a familiares,  constituyen el perfil de la gestión de gobierno que los fiscales debieran investigar y por los cuales los diputados debieran promover un juicio político, por que la provincia necesita que los políticos y funcionarios corruptos, sean separados de sus cargos y  vayan presos. En un estado derecho en que somos iguales ante la ley,  la misma vara que le aplica al trabajador   se le debe aplicar al funcionario acusado de corrupción, concluyó.

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