La Sala Penal del máximo tribunal debe resolver si hace lugar a un recurso de casación y anula la sentencia que absolvió a un acusado por abuso sexual reiterado de su hijastra en Villa Ángela. La víctima, que hoy tiene 24 años, denunció al abogado y a la fiscal de Cámara por no acusar al imputado durante el juicio y por dejar vencer los plazos para apelar el fallo.

La Sala Segunda Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia tiene bajo su análisis una causa en la que deberá definir si realmente existe justicia para una víctima de abuso sexual infantil (A.V.G), cuyo agresor fue sobreseído luego de gravísimas irregularidades en las que habrían incurrido una fiscal de Cámara y el abogado que dijo actuar en su representación como querellante particular, y que ya fueron denunciados penalmente por la víctima.

En mayo pasado, la Cámara Tercera en lo Criminal de Villa Angela absolvió a un acusado por el abuso sexual reiterado de su hijastra en la infancia, cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. Pero no fue tras evaluar la acusación y los pedidos de pena de la Fiscalía de Cámara y de la parte querellante, simplemente porque éstos planteos nunca existieron. Es que la fiscal de Cámara, Silvina Rinaldis, y el abogado que supuestamente representaba a la víctima, Francisco Pajor Flores, no solo omitieron pedir una pena para el imputado sino que además pidieron su absolución, por lo que el Tribunal se encontró impedido legalmente de dictar una sentencia condenatoria.

Como si eso no bastara para sembrar sospechas sobre la actuación de la representante del Ministerio Público Fiscal y el abogado querellante, la víctima –que hoy tiene 24 años- denunció penalmente ante la fiscal de primera instancia de Villa Angela, Gisela Oñuk, que ambos le ocultaron el veredicto absolutorio del juicio y dejaron vencer los plazos legales para apelar la sentencia ante una instancia superior: la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia.

Con el patrocinio del abogado Paulo Pereyra, la víctima presentó, antes del inicio de la feria judicial de invierno, el recurso de casación contra el veredicto absolutorio que fue concedido por la Cámara del Crimen Nº 3 de Villa Angela y luego radicado en la Sala del STJ que preside la jueza María Luisa Lucas. Fue tras una reunión mantenida por su madre con la diputada nacional Lucila Masín de la que también participó Rosalía Alvarado, de la agrupación Al Fin Justicia, y también sobreviviente de un caso de abuso sexual en la infancia.

En concreto, la víctima pide que el STJ declare la nulidad de la sentencia dictada en favor del imputado y contra sus intereses como víctima y que, asimismo, disponga la realización de un nuevo juicio oral y público que le permita “un real y efectivo acceso a la verdad y la justicia, ambos pilares fundamentales de los derechos humanos que me han sido cercenados”.

 

Justicia o impunidad

Para resolver el caso, los miembros de la Sala Penal del STJ deberían priorizar el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima y todos los derechos que fueron vulnerados durante este proceso que podrían derivar en responsabilidades internacionales para el Estado chaqueño y el Estado argentino.

En el recurso de casación, se pide la declaración de inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal del Chaco que exige que, para poder apelar una sentencia absolutoria, el Querellante haya requerido la imposición de una pena. Como señalamos en esta nota, no fue lo que hizo el supuesto abogado querellante Pajor Flores, a quién la víctima denunció penalmente por estafa y prevaricato de abogado por arrogarse su representación. En ese contexto, la Sala Penal del STJ también debería admitir que el plazo legal para recurrir la sentencia se cuente desde el momento de notificación a la víctima y no desde la difusión del veredicto ya que el abogado denunciado dejó vencer ese período.

A la fiscal Rinaldis, en tanto, la víctima la denunció por incumplir sus deberes de funcionaria pública de no informarla sobre el estado de la causa y por no perseguir ni reprimir delitos al no acusar al imputado a pesar de las pruebas existentes, principalmente su propio testimonio.

Fuente: Chaco Día Por Día

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