Las "políticas" del gobierno no ayudan a las mujeres. Opinión por Mara Montenegro y Samanta Salas.

Ramona Benítez tenía 22 años, iba camino a la comisaría a realizar la denuncia n° 18 por violencia de género contra su expareja Hugo Navarro, de 33 años, cuando a 80 metros de la comisaría este la degolló en la vereda y luego se entregó a la policía. También durante este fin de semana, en Resistencia, Camila González era apuñalada por su expareja y en el momento de escribir esta nota se encontraba internada, grave, en el Hospital Perrando. La semana pasada, en Pampa del Indio, Érica González fue asesinada por su pareja Cesar Arzamendia. El femicida fue entregado por su propia madre, suegra de Érica.

Estos tres hechos brutales, más otros dos femicidios durante la cuarentena, reflejan la cadena de violencias que sufren las mujeres donde el Estado es el principal responsable. Los protocolos y las medidas de atención y asistencia a las víctimas son prácticamente nulos y solo venden humo.

La situación de violencia, que arrasa en la provincia, intenta ser minimizados por las funcionarias del Estado, desde la adhesión a la campaña del barbijo rojo o el anuncio de la plataforma completamente inaccesible de la línea 137 que trabajaría en coordinación con el Superior Tribunal de Justicia a través del Centro Judicial de Género, las funcionarias del gobierno de Capitanich, dirigidas por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, solo atinaron a responsabilizar a las víctimas incentivándolas a que denuncien, pero las líneas no atienden y Ramona denunció 17 veces a su femicida. 17 avisos tuvo el Estado, a través de  la fiscalía y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, pero cómo no llamó por teléfono ¿no puedo ser asistida?

A pesar de que el gobierno anunció la plataforma virtual de abordaje integral para asistencia a las víctimas a través del decreto provincial N°449/20, dicho decreto no establece el presupuesto que será destinado para las acciones de contención a las víctimas. Lo único que contempla son líneas telefónicas, la línea 137 para la zona metropolitana y la línea 144 para el interior del Chaco: no es una novedad que lo primero que el violento destruye son las vías de comunicación de la víctima. Al parecer esto no es tenido en cuenta por las funcionarias y el gobierno, ya que el terreno de actuación es solo virtual. Sin embargo, en los barrios y en los pueblos priman las violencias y vejaciones. De hecho Pampa del Indio y Presidencia de la Plaza son de los tantos pueblos donde no existe casa de contención para las mujeres ni casas refugios y la única línea de denuncias son la comisarías y la línea nacional 144.

Ante este crecimiento de la violencia de género, el gobierno es el principal responsable. Esta pandemia deja en evidencia cuales son las políticas hacia las mujeres. Erradicar la violencia de género no es la prioridad para el “pastor” Capitanich y sus ministras, sobre todo cuando las mismas trabajadoras sociales, enfermeras y personal de salud están peleando el fin de la precarización laboral y mejores condiciones de trabajo.

El movimiento de mujeres, independientes del gobierno y las iglesias, deben frenar este atropello con lucha y organización, impulsando los reclamos y reivindicaciones ya colocados en la agenda política nacional con movilizaciones masivas.

Llamamos al movimiento de mujeres del Chaco a seguir el ejemplo de los reclamos que llevan adelante los movimientos sociales y de mujeres en Presidencia de la Plaza exigiendo justicia por Ramona Benítez y también a luchar para la urgente  creación de casas refugios como plantean los proyectos presentados por el Partido Obrero en la Legislatura provincial; implementación efectiva de la ESI laica y científica en cada escuela y asistencia económica y psicológica para las víctimas de violencia. Justicia para Ramona y Érica, que paguen todos los responsables fiscales, jueces, funcionarios y funcionarias del gobierno. Destitución inmediata de todos los fiscales y jueces que cajonean las causas de violencia de género. Creación urgente de casas refugios. Basta de precarización laboral para las trabajadoras. Ni una menos, el Estado es responsable.

 

Fuente: Prensa Obrera

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