Por César Vicente López para Diario Norte - 28-11-2012 - La reforma tributaria impulsada por Jorge Capitanich promete un encendido debate en el Chaco. La Cámara de Comercio picó en punta con las protestas. La matriz de los reclamos de la Cámara (y de la Fechaco), por lo general, se basan en el dilema: reducir gasto público o aumentar impuestos.

Esa posición discursiva aparece ni bien nos encontramos con que la inyección de fondos públicos (inversiones en obras públicas, masa salarial del empleo público, subsidios a los productores rurales y subsidios de tasas de préstamos y transferencias sociales) a la economía chaqueña producen un incremento en el volumen de ventas del comercio, en especial en el área del gran Resistencia.

El Chaco es una provincia que tiene una relación cercana de 50 empleados públicos por cada mil habitantes. En el departamento San Fernando reside el 37,04% de la población. 390.874 habitantes según el último censo del año 2.010.

El empleo público (que es consumidor) se concentra en el gran Resistencia. Sin embargo, más allá de no compartir con el extremismo de la queja de la Cámara de Comercio, considero que debería existir una mirada legislativa a los fines de atender las realidades económicas de cada región. Por ejemplo, no guarda equidad tributaria que el consumidor de comercio minorista pague 3,5%, o el quinielero pague 6.5%, cualquiera sea la localización: en El impenetrable o en la pujante Resistencia.

La eliminación de la exención para la construcción de viviendas familiares es cuestionable. En una provincia donde el objetivo es reducir el déficit habitacional, no se puede aumentar el costo de las familias para construir sus viviendas. Otro tanto ocurre en una provincia que aún conserva la mayor tasa de analfabetismo a nivel nacional, que se decida a incrementar las alícuotas al comercio por menor de papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares.

El impuesto a los Ingresos Brutos (IIGB) es la fuente de recursos tributarios más importante que recauda el Estado provincial; más del 70% de lo recaudado se origina en este impuesto. El Impuesto Inmobiliario Rural tiene, prácticamente, cero incidencia en la estructura de recaudación. No es cero sino el 0,48% de la recaudación total de 2.011. Se recaudaron casi cinco millones de pesos, mientras que por el IIGB a la provincia entraron más de 700 millones.

Impuesto inmobiliario rural El fenómeno de la ruralidad chaqueña tiene aspectos que desnudan una serie de contrastes, intereses y necesidades diversas. Conviven pooles de siembras (radicados fuera de la provincia), latifundios y pequeños productores que sobreviven a las sequías, inundaciones o granizos.

Por un lado, el Estado debe tender a sostener la población rural, y esto fundamenta tratamientos especiales para quienes tienen menos de 100 hectáreas. El corrimiento de la frontera agrícola no debe ser a costa del corrimiento de la población rural. El despoblamiento rural es un fenómeno estructural que se dio a lo largo del siglo. El Chaco aún conserva el 14% de su población en zonas rurales, que es un dato positivo si tomamos como referencia que a nivel país la población rural es solo del 10%.

La constitución del Chaco, en su artículo 49 -Reconversión productiva- dice sabiamente: “La Provincia  promoverá la transformación de los latifundios y minifundios en unidades económicas de producción, a cuyo efecto expropiará las grandes y pequeñas extensiones de tierra que en razón de su ubicación y características fueren antisociales o antieconómicas”.

Por el otro lado, está claro que el Estado debe aumentar la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. Para dimensionar el opaco rendimiento fiscal que tiene el patrimonio rural, basta decir que, por ejemplo, los empleados chaqueños aportaron al fisco el año pasado la suma de $ 28.797.000 por medio del Fondo de Salud Pública que se le descuenta en sus recibos de sueldos.

En una provincia que tiene dos millones de hectáreas sembradas, de las cuales setecientas mil son sembradas con soja, no es fácil presentar que en 2011 se hayan recaudado tan solo unos cinco millones de pesos por este impuesto.

Distintas fuentes coincidieron en que el valor de mercado de un campo para soja va de $10.000 a 20.000 por hectárea, depende de la zona y el rinde. Si hacemos un cálculo rápido sobre los campos destinados a soja, y utilizando el supuesto simplificador de un valor promedio de $5000 por hectárea, el patrimonio inmobiliario rural destinado a la soja llega a tres mil quinientos millones de pesos. Vale decir, también, que la soja genera un ingreso anual de unos 500 millones de dólares.

La legislación atiende la localización, el destino, si el propietario reside en la provincia o no. Pero a la hora de los números, todo indica que los criterios establecidos en el artículo 104 no se respetaron en la práctica.

En conclusión, es importante que las dirigencias políticas y empresariales asuman que, tanto el gasto público como los impuestos, también son instrumentos de políticas fiscales para orientar la economía; y no solamente meros motivos de decisiones y/o quejas de cash-flow.

 

Fuente: diario Norte – Edición Impresa

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