15-02-2013 - Desde la Procuración General se hizo saber que se están tomando todas las medidas tendientes a poner en funcionamiento la fiscalía adjunta en lo penal especial de derechos humanos, y que no existe morosidad alguna ni suya ni del Superior Tribunal de Justicia en la materia.

 

En tal sentido se destaca que el 19 de diciembre del año pasado, el procurador general Jorge Canteros, remitió a la presidencia del Alto Cuerpo la nota 580/123 en la que señala que “resulta indispensable la designación del fiscal adjunto en lo penal especial de derechos humanos” con motivo de la sanción de la ley 6786/11 que amplió la competencia de la Fiscalía Penal Especial de DDHH (creada en cumplimiento del Convenio suscripto por la provincia del Chaco a raíz de la causa “Grecco”) y creó el cargo adjunto en cuestión.

Asimismo requirió al STJ que comunique al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento la necesidad de cubrir dicho cargo de modo tal que efectúe la propuesta pertinente para la designación del funcionario que lo ocupará. La nota expresa que ello es necesario también “ante la inminencia de la puesta en funcionamiento del Nuevo Diseño Organizacional para el Ministerio Público y las recientes reformas al Código Procesal Penal de la provincia”.

Mientras, y hasta tanto se designe a quien ocupará el puesto, la Procuración General el 6 de febrero, mediante la resolución 05/13, dispuso que sea el Fiscal en lo Penal Especial de DDHH quien cumpla con las funciones previstas en la ley 6786/11 en las circunscripciones II a VI, siendo su intervención en las mismas concomitante con la del Fiscal de Investigación.

Además resolvió implementar a partir del 1 de marzo las nuevas funciones asignadas por dicha ley a la Fiscalía Penal Especial en DDHH, que seguirá funcionando en la primera circunscripción con asiento en Resistencia.

Código Procesal Penal

Por otra parte en el punto sexto del acuerdo 3263 del 19 de diciembre de 2012 los ministros del STJ acordaron comunicar al Consejo de la Magistratura que arbitre los medios necesarios para cubrir los cargos en tres Fiscalías de Investigación Penal y un fiscal penal de investigación a cargo de la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana, creados a partir de la reforma al Código Procesal Penal. Finalmente el 13 de febrero el procurador general se dirigió mediante nota 34/13 al STJ para que solicite a la Cámara de Diputados la creación de tres nuevos cargos de Fiscales de Investigación de Flagrancia, así como la asignación de sus respectivas partidas presupuestarias.

Estos Fiscales (creados por las modificaciones introducidas al CPP a través de la ley 7143/12) tendrán competencia específica en la investigación y acusación en juicio de los casos en que se proceda a la aprehensión in fraganti del prevenido.

 

Fuente: diarionorte.com

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