Elda Pértile es la autora del proyecto. Son modificaciones introducidas a la Ley 7256, que regula el jury a figuras del Ejecutivo y el Poder Judicial. El Frente Grande advirtió que se desnaturaliza la institución.

20-06-2013 - La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley Nº 7256, la reforma de la ley vigente 3222 que regula el juicio político a los funcionarios públicos, a partir de una iniciativa impulsada por la diputada Elda Pértile, la que se aprobó con el voto negativo de los diputados Daniel Trabalón y Fabricio Bolatti del Frente Grande.

Los fundamentos en el Recinto

Daniel Trabalón, desde el bloque Frente Grande planteó el “no acompañamiento” al despacho porque “entendemos que de sancionarse la ley estaríamos desnaturalizando una de las instituciones que tiene que ver con el juicio político”, dijo y advirtió “vemos con preocupación varias cuestiones: la primera es que sería bueno plantear que es el juicio político y cuáles son los funcionarios que están sujetos” indicó para luego determinar que “no es un juicio penal y está pensado como una herramienta de control a la actividad del gobierno; alcanza y tiene que ver con las responsabilidades de ciertos funcionarios que se encuentran expresamente nombrados en la Constitución”.

“Implica - continuó argumentando - que el acusado puede en determinada circunstancia resolver la situación en la que se encuentra porque dispone la extinción del mismo si renuncia”.

“Es un juicio donde se permite y se valoran las responsabilidades políticas por lo que es importante tener en claro de quiénes estamos hablando” sostuvo para luego detallar que alcanza al gobernador, vicegobernador, los ministros del poder Ejecutivo, miembros y Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), miembros del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, el Fiscal de Estado, Contador General, Subcontador General, Tesorero y Subtesorero General.

“Acá se incorpora un apartado especial - precisó - que claramente contradice lo que establece el artículo 5 de nuestra Constitución y plantea que los poderes públicos no podrán delegar sus atribuciones, ni los magistrados y funcionarios sus funciones, bajo pena de nulidad. Este despacho estaría delegando atribuciones que son propias del poder Legislativo al poder Judicial. El juicio político es un procedimiento político, que está fundado en responsabilidades políticas de los funcionarios que incumbe a un Cuerpo que es político”, razonó Trabalón planteando el no acompañamiento del bloque Frente Grande a la propuesta.

Carlos Martínez, planteó que el tema en cuestión tiene como agregado - aunque no en términos cronológicos - “una iniciativa de mi autoría a este despacho que estamos tratando, y sobre el cual adelantó su “no acompañamiento”, más allá de que una vez tenida en cuenta su objeción y corregida esta se allanó y voto favorablemente.

Justificó “son momentos de fuerte impacto en la conciencia democrática de la República Argentina acerca de las adecuaciones de las leyes al texto constitucional” y aclaró “digo esto porque el despacho que se pretende aprobar establece limitaciones en uno de sus artículos, que - desde nuestro punto de vista - son inconstitucionales” porque “establece requisitos de residencia para las personas que denuncien a los funcionarios sujetos a juicio político, requisitos que no están establecidos por la Constitución de la Provincia que dice que: “la denuncia de los funcionarios sujetos a juicio político será formulada ante la Cámara de Diputados por uno o más de sus miembros o cualquier persona” (art:121).

“Hay allí también una colisión con las disposiciones del actual artículo 7 que establecen la constitución del domicilio legal del denunciante” siguió objetando y “por otra parte, - si esto se va a sancionar como ley - voy a solicitar que se desagregue el proyecto 2274/10 de autoría del bloque Libres del Sur pidió “porque en el despacho no se modifica el artículo 10 que era el objetivo esencial de nuestro proyecto”.

“Me parece desde el punto parlamentario y - nos parece desde el punto de vista político - hasta desleal que permitamos que nuestra iniciativa forme parte de este despacho porque no tiene nada que ver. La esencia de nuestro proyecto no está en este despacho” aseguró Martínez.

La diputada justicialista Elda Pértile, intervino para señalar que como autora del proyecto de modificación, “no comparto las expresiones del Frente Grande porque en ningún momento se delegan en el poder Judicial facultades del poder Legislativo” explicó. “Son competencias distintas. La responsabilidad política del funcionario público existe, está y debe ejercitarse”, precisó pero “también es cierto que ante la puesta en marcha del mecanismo de juicio político lo que menos se puede dejar de hacer es garantizar el principio de defensa del acusado” consideró.

“Es más, - puntualizó - el artículo 130 de la Constitución Provincial del Chaco lo dice expresamente. Lo que no se puede es bajo el paraguas del concepto de que es 'político', llevar a cabo arbitrariedades y que el acusado ande 'boyando' de aquí para allá para recurrir. Lo que busca esta ley es evitar que venga un denunciante, que nunca hayan tenido rostro, ni una dirección donde ubicarlos, y que no se hagan responsables de las denuncias que realizan” argumentó la legisladora reseñando su propia experiencia cuando fue sometida a juicio político.

 

Fuente: datachaco.com

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