La Asociación de Policías Autoconvocados por un Salario Justo del Gran Resistencia, junto a referentes de Sáenz Peña, Basail, Isla del Cerrito y General San Martín, manifestó su preocupación mediante un comunicado:

 “El Gobernador ha desautorizado al Ministro de Gobierno y a los negociadores que él mismo designó, modificando unilateralmente el monto y las condiciones de la recomposición salarial acordada, incumpliendo la cláusula de no represión administrativa a quienes se manifestaron pacíficamente durante los días 8 y 9 de diciembre, y negándose a habilitar el diálogo en la mesa técnica salarial y de condiciones de trabajo también acordada, por lo que advertimos que el conflicto no está solucionado”.

“Es inexplicable que el primer mandatario haya modificado una decisión que había ratificado públicamente, inclusive a través de medios nacionales, de cumplir con la pauta salarial de $ 8.000 de bolsillo para el Agente de policía,  inicial, remunerativo y bonificable, equivalente a un haber bruto de aproximadamente  $ 10.000. En un primer momento adujo  que no tenía dificultades financieras para abonar ese monto, se manifestó  a favor de respetar  lo acordado por el Ministro de Gobierno en quien delegó la facultad de negociar esa cifra junto al Secretario de Seguridad Pública, el actual Presidente del Banco del Chaco y el ex ministro Juan Manuel Pedrini, previa discusión con representantes del personal policial y penitenciario en la Jefatura de Policía”.

“Diez días después en cambio ordenó  el depósito en las cuentas sueldo del personal en actividad de un adelanto a cuenta de la pauta salarial del 2014, consistente en una suma fija y “en negro” de $ 1.450 para Agentes y Cabos, que alcanzarían con esa cifra un sueldo líquido de $ 6.000. Desde Cabo Primero a Comisario General  la suma depositada sería de  $ 1.200, lo que produjo un nuevo achatamiento de la estructura salarial al igualarse para abajo la escala de sueldos del personal de seguridad. Estas decisiones  han colocado al personal policial en un estado deliberativo y creado un estado de tensión institucional con derivaciones difíciles de estimar”.

“Todo esto se agrava por la persecución al personal policial y penitenciario que se manifestara  el domingo 8 frente a la Comisaría Primera de Resistencia y otras unidades del interior provincial, y el lunes 9 frente a la Jefatura de Policía, con traslados compulsivos, apertura de sumarios, denuncias judiciales  por sedición  y otras figuras penales, que intentan desligar a las autoridades del gobierno de su propia responsabilidad. La situación fue creada por la impericia y negligencia del gobierno, que en vez de administrar la crisis policial y penitenciaria que se veía venir  no  hizo nada para prevenirla, y una vez que comenzaron las manifestaciones públicas tampoco quiso  canalizar el conflicto a través del diálogo con propuestas, de manera  que se pudiera cerrar rápidamente la cuestión salarial que era perfectamente conocida por las autoridades. Tardaron aproximadamente 30 horas en reaccionar enviando de apuro una comitiva  a la Jefatura de Policía, para negociar una salida al conflicto en peores condiciones”.

“Qué hará ahora el Gobernador con el Ministro de Gobierno, el Secretario de Seguridad y el Jefe de Policía que se presentaron ante los manifestantes frente a la Jefatura de Policía el lunes 9 de diciembre por la noche a solicitar, primero debatir y trabajar una solución, y luego que se aceptara el ofrecimiento de los $ 8.000 líquido inicial para el Agente de policía. Qué hará el propio capellán policial que se ofreció como garantía de cumplimiento de lo acordado”.

 “En orden a las protestas pacíficas realizadas, el gobierno no puede negar que el Agente de policía tiene un básico de $ 1.840; que con los suplementos y sumas “en negro” llega a $ 4.400 líquido de bolsillo, y que las condiciones laborales en que se desenvuelve la actividad policial y penitenciaria son sumamente precarias y muchas veces inhumanas. Con jornadas laborales de 12, 16 y 18 horas de servicios ordinarios, recargos y adicionales, sin descanso suficiente,  y donde están sometidos a un constante estrés”.

“Como no puede negar  que desde mayo de 2007, desde Policías Autoconvocados  se viene reclamando el cumplimiento del régimen salarial de la ley 1.134 y su decreto-ley reglamentario 1.215, con más de 2.000 presentaciones en sede administrativa, las que se archivaron en el Ministerio de Gobierno sin resolverse y ni siquiera contestarse. Y también que  desde el mes de julio de 2007, y durante los últimos seis años y medio, se realizaron numerosas manifestaciones públicas pidiendo  respuesta a los reclamos”.

“No puede negar el poder ejecutivo que vetó las leyes 6227 y 6359, sancionadas por la Cámara de Diputados en 2008 y 2009, que reformulaban las escalas salariales de conformidad con el régimen especial de la ley 1134 (Artículo 137 y Anexo 5) que se viene violando desde el año 2004 hasta la fecha. Como asimismo que en  2010 y 2011, el propio Gobernador Capitanich recibió en Casa de Gobierno a representantes de Policías Autoconvocados para tratar la situación del personal de seguridad,  asumiendo personalmente  el compromiso de solucionar el reclamo salarial, promesa que nunca cumplió”.

 “No puede negar el gobierno que desde 2008 viene pagando montos “en negro”, y que producto de esa nefasta política salarial se condena a la indigencia a los policías retirados -en las jerarquías más bajas- al percibir menos del 50% de lo que cobra un policía en actividad, violándose la ley 4.044. Como  no puede negar  que se comprometió con Policías Autoconvocados a iniciar un proceso de blanqueo e incorporación al sueldo básico de los montos “en negro” que nunca cumplió, y que obligara a la presentación de reclamos administrativos ante el INSSSEP”.

 “No puede negar el gobierno que personal retirado solicitó la liquidación y pago de la bonificación especial establecida por el Decreto 2977/12, a partir del 01-10-2012, con carácter remunerativo y bonificable,  pago que se  gestionó  con el acompañamiento del bloque justicialista de la Cámara de Diputados, del propio Presidente del INSSSEP y del Ministro de Hacienda, sin ninguna respuesta durante todo este año, que  obligara a realizar reclamos administrativos ante el INSSSEP”.

“Ante esta reseña de acontecimientos registrados, no es posible imaginar siquiera de que otra forma  se pretende  que los policías reclamen, si al hacerlo por los canales institucionales durante varios años  no son  tenidos en cuenta y no se  solucionan  demandas legítimas reconocidas por las propias autoridades. Por qué razón no se hacen lugar a las presentaciones escritas de miles de policías;  a las cuestiones que se trataron en mesas  técnicas coordinadas por ministros del poder ejecutivo;  a los planteos realizados  en entrevistas con las máximas autoridades del gobierno; a los reclamos que se hicieron conocer en manifestaciones públicas, en reuniones con la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, y a través de los medios de comunicación,  a lo largo de casi siete años ininterrumpidos de lucha pacífica y democrática”.

“El gobierno en cambio incumple leyes y decretos,  compromisos asumidos y  acuerdos firmados. No brinda respuestas a reclamos planteados. Culpa a otros de su propia inoperancia. Se niega a dialogar, y acusa de delincuentes a los trabajadores policiales y penitenciarios que se manifiestan pacíficamente”.  

 “En este contexto, ratificamos la posición pública de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), a la que está afiliada la Asociación de Policías Autoconvocados del Chaco: “el ejercicio de un derecho no constituye delito”.

Fuente: Diario Chaco

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