¿Y la caja? El fallo de equiparación salarial traerá debate. El fiscal de Estado apelará a la Corte; trabajadores quieren el beneficio y el oficialismo advierte imposibilidad de pago.

El jueves el máximo órgano de la Justicia del Chaco dio lugar a amparos presentados por magistrados y ordenó pagar en 30 días a jueces y funcionarios el 50% de la diferencia con cargos equivalentes en la Justicia Federal. El sindicato de Empleados Judiciales del Chaco manifestó al respecto “le corresponde a los trabajadores todo incremento que llegue a los jueces”.

El Sejch consideró necesario “rememorar los antecedentes” de régimen salarial de la Justicia. En 1983 los trabajadores lograron tras su lucha la Ley 2895 que establece “la distribución equitativa entre los empleados y magistrados del Chaco con la Nación y los aumentos se fijaban en base al sueldo del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, él que se debía trasladarse automáticamente al Juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y sobre esa base, al resto del personal judicial de acuerdo a los coeficientes porcentuales de cada cargo”.

Se trata de “una Ley equitativa y distributiva”, sin embargo dicho enganche nacional se perdió “por las consecutivas violaciones al régimen salarial”, recordó el sindicato al citar que en 1985 y 1991 el STJ “desvirtuó el sistema de proporcionalidad y porcentualidad, al dictar las acordadas 1964/85 y Resolución 858/91, que derivó en juicios contra el Estado Provincial que aún en la actualidad continúan dilatándose a pesar de haber transcurrido 23 años de litigio, algunas con sentencias firmes a favor de los trabajadores”.

Como resultado de eso se sancionó la Ley 3755 en 1992, que establece que las escalas de remuneraciones de las autoridades superiores de todos los cargos de las diferentes categorías de personal, cualquiera sea su denominación -de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, como los organismos autárquicos y descentralizados-, solo podrán ser modificado o aprobado por Ley.

Esta norma legal modificó la Ley 2895, produciéndose el desenganche nacional que dio como resultado el desfasaje de los sueldos actuales de los judiciales, pero la proporcionalidad provincial establecida en esa norma continúa vigente para el sector judicial, por lo que a los trabajadores les corresponde todo incremento salarial que llegue a los jueces en la proporción correspondiente.

Apelación ante la Corte Suprema

No obstante, el fiscal de Estado Osvaldo Simoni consideró que el fallo resulta “inconstitucional” y adelantó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

Para el fiscal, la sentencia “contradice absolutamente la postura que tuvo como fiscal de Estado, la cual fue coincidente con la del procurador general y obviamente compartida por el Poder Ejecutivo. Espero que en su oportunidad sea concedida por los jueces que dictaron el fallo, de manera tal que también se asegure el derecho de defensa del debido proceso legal en la defensa de los intereses de toda la comunidad”.

Por ello marcó “la necesidad de dar lugar a que actúe la Corte es inevitable teniendo en cuenta el impacto presupuestario que no está previsto ni tampoco puede ser asignado en poco tiempo” y pidió “la intervención del Poder Legislativo para discutir y ver si se sanciona la ley o lo que fuere.

En ese sentido, desde el bloque del PJ se coincidió con el fiscal de Estado en que “el fallo es aún más preocupante teniendo en cuenta que detrás de los 187 funcionarios y magistrados que impulsaron el amparo toda la planta de trabajadores administrativos de la Justicia.

“La sentencia del STJ es de cumplimiento imposible, porque además del dinero que deberá destinarse a los jueces, la Ley de Enganche de los empleados dejará en serios problemas a las finanzas de la provincia”, advierte el bloque del PJ.

 

Fuente: datachaco.com

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