El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, explicó esta mañana que el blanqueo de los 800 pesos a partir de enero, compromiso que había asumido el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado, no se efectuó.

También informó que cuando se realizó la conciliación obligatoria para impedir el paro del pasado viernes, se transmitió a todos los sectores del Poder Judicial la nueva propuesta del Ejecutivo que consistió en el pago de 1600 pesos en febrero, y marzo y que se iba a realizar un blanqueo de 800 pesos que se efectivizaría con el cobro del sueldo de marzo, es decir, en abril, con retroactividad a enero. “Cuando dije que el Poder Ejecutivo había cumplido me refería al pago de los 1600 pesos de febrero; eso se pagó el miércoles pasado; ahora lo que resta cumplir es (el pago de) los 1600 pesos de marzo y el retroactivo, a partir de enero, de los 800 pesos en blanco”, aclaró Toledo.

Equiparación salarial

En ese marco, el ministro del STJ también recordó que el Gobernador se había comprometido el año pasado a suscribir un convenio que estableciera un plazo aproximado de 2, 3, 4 años, “dentro de los cuales, los sueldos de los magistrados y funcionarios – que están en un escalafón muy bajo, aproximadamente un tercio de lo que se percibe en otras jurisdicciones- tuvieran por lo menos una mejora a un promedio nacional salarial de magistrados y funcionarios. Nosotros también hemos pedido al Gobernador que pondere estas cuestiones porque nos parece que es un acto de justicia”, sostuvo Toledo.

Autarquía del Poder Judicial

En relación con este tema, Toledo manifestó: “Soy autor de un proyecto de un fondo especial para las provincias que estamos más retrasadas. Me parece que todo eso es una especie de muleta, porque lo que el Poder Judicial tiene que tener es el reconocimiento permanentemente de su fuente de financiamiento y autonomía funcional; porque si uno no tiene los recursos para trabajar y cumplir su función se degrada el servicio público de Justicia. Estoy a favor de los institutos como el de autarquía. Tenemos una ley de autarquía que se realizó en el 95, yo fui uno de los promotores, pero ahora se requiere una ley de autarquía de otra categoría”, concluyó el magistrado.

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